La FIP considera esta decisión un acto de "venganza" contra la crítica. En ese sentido, la federación recuerda que el presidente Chávez acusó a RCTV y a otros canales de estar involucrados en el fallido intento de derrocar su Gobierno en abril de 2002. "Ninguna cadena tiene un derecho automático para continuar con sus emisiones, especialmente si incumple seriamente su mandato profesional", aseguró White, quien señaló, sin embargo, que "los medios de comunicación deben ser regulados de forma transparente e independiente, y no por dictado presidencial".    

A juicio de la instancia el cierre de la planta podría suponer la perdida de empleo de unas dos mil personas y el fin de uno de los canales más antiguos del país.