"No hay espacio para que desde el punto de vista legal se pueda acometer tremenda atrocidad contra la democracia y que fundamentalmente se trata de la libertad de expresión", dijo Rosales en rueda del prensa.

Aseguró que el cierre de RCTV implicaría "un golpe a los sectores que nos oponemos a la idea y a la forma de gobernar que hoy imperan en Venezuela".

Chávez descartó a mediados de semana la posibilidad de revisar su decisión de no renovar la concesión a RCTV.

El gobierno ha planteado que la concesión de transmisión de RCTV se vence el próximo 28 de mayo.

La ley venezolana establece que las infraestructuras, el equipo y la sede de los canales de televisión son propiedad privada, pero las frecuencias de emisión pertenecen al Estado, que es quien las concede.

Marcel Granier, presidente del grupo empresarial 1BC, propietario de RCTV, ha dicho que la decisión gubernamental es "un atropello".

Defendió el derecho de la empresa de operar "sin tener que seguir los dictámenes del ministerio de propaganda (Información) del régimen o del presidente de la República".