La nueva Ley para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria obedece a la explosión del poder comunal como expresión suprema de la democracia participativa y protagónica, que abraza los valores de la cooperación, la solidaridad, complementariedad, inclusión y desarrollo humano, en opinión del diputado Juan Carlos Ortega, vicepresidente de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo Estadal.

El legislador anzoatiguense manifestó  que la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social, son inexorablemente, fuentes de desarrollo autosustentable, que redundan en la ocupación laboral de las distintas organizaciones sociocomunales de la Nación, ya que generan constantemente nuevas inversiones, instituyéndose así en un mecanismo de energía activa y propulsora de la economía, que respalda el progreso nacional equitativo.

Profundizando sobre el tema, el parlamentario Juan Carlos Ortega señaló que la necesidad imperiosa de contribuir con el impulso de las iniciativas locales a partir de las pequeñas y medianas industrias y unidades de propiedad social, atendiendo a los requerimientos de las comunidades y sus potencialidades demanda el ajuste y adecuación de la estructura del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, inmerso en el objetivo estratégico de empoderar al pueblo, dotándolas de la estructura administrativa legal y técnico-financiera para operativizar las políticas, proyectos y programas que debe ejecutar, además del fortalecimiento de la Institución, a través de la transferencia de activos y pasivo del Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), garantizando de esta manera, el financiamiento oportuno de los proyectos de inversión del sector.

Aunado a lo anterior y ante las deficiencias que se han verificado en la instrumentación de los planes, se pretende corregir este relevante aspecto, a través de la creación de dos sistemas de apoyo para la información y difusión de los mismos, a saber: el sistema de información para la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social y el sistema de taquilla única, por medio de los cuales se creará una plataforma tecnológica que permita un adecuado acceso de los interesados en el sector objeto de la regulación de este instrumento normativo.