Apuntes inmobiliarios

En la forma más incongruente que pone en riesgo el desarrollo del país, el gobierno da la espalda al modernismo del siglo XXI y prefiere inspirarse en los albores revolucionarios del siglo XX, en una carrera regresiva que parece no tener fin. La Rusia comunista de 1917 expropió las haciendas de particulares y de la Iglesia, no para distribuirlos en propiedad al campesinado, que no pasaron de ser simples adjudicatarios, sino para fortalecer el poder del Estado, proceso que con el mismo signo se implantó 45 años después en Cuba.

En Venezuela ese ideario por el debilitamiento de la propiedad privada ha estado todo el tiempo en la mira del actual gobierno para asumir el control de la economía y la sociedad. Primero, adecuó el marco para que expropiaciones, confiscaciones, enajenaciones, nacionalizaciones, tuvieran un barniz de legalidad. La Constitución de 1999 no fue suficiente; de ahí el complemento con el nuevo régimen tributario, las 49 leyes habilitantes de 2001, el control cambiario, y las 26 recientes, más las aprobadas por la Asamblea Nacional.

Desde hace más de cuatro años se viene cercando sistemáticamente lo  privado con la intervención de empresas, instrumentos jurídicos y normas que debilitan su acción, como la Ley de Tierras, Ley de Ilícitos Cambiarios, de Inamovilidad Laboral; controles de divisas, precios, y tasas de interés; trabas en el otorgamiento de licencia de importaciones, una enmarañada permisología, todo dentro de un clima de inseguridad jurídica y personal.

Antes del paquete habilitante del 31-J había unas 900 empresas en la mira del control del Estado. Ahora todo el país queda a merced de ser declarado de utilidad pública e interés social por la discrecionalidad asignada a los funcionarios públicos en la aplicación de las leyes. La estrategia más utilizada es la de prefabricar conflictos laborales en las empresas con agitadores de oficio. Así cayó la Constructora Nacional de Válvulas, donde fue aplicado el régimen de cogestión, modelo utilizado por la empresa tradicional. Dos años duró la ocupación mientras los sueldos de los tomistas eran cancelados por el Ministerio de la Economía Popular.

La empresa Venepal, convertida en Invepal, también cogestionada y direccionada por el alto gobierno, registró en 2006 pérdidas de 18 millardos de bolívares. Representantes laborales denuncian presuntas irregularidades administrativas y dicen que la empresa endógena produce sólo 8 meses al año por falta financiamiento o de materia prima. Funciona sólo a un 7% de su capacidad.

La lista de empresas intervenidas es larga y variada:  Hilandería Tinaquillo,  Sanitarios Maracay, planta Heinz, frigoríficos Fribarsa, Fricapeca y Frimara; aeropuerto Oscar Machado Zuloaga (aeropuerto de Caracas), procesadora tomatera Caigua, central azucarero Cumanacoa, y Ezequiel Zamora; Siderúrgica del Occidente; frutícola Caripe, Ávila Mágica, hotel turístico Puerto La Cruz, Vengas, Tropigas, CANTV, Elecar, Seneca, Electricidad de Valencia, Cabelum; hatos La Marqueseña,  El Charcote y Calleja, agropecuaria Nueva Vista, Montaña del Orinoco y La Tascosa, La Yaguita, El Caribeño y Las Mercedes, Bartolero; hacienda Bucarito, Lácteos Los Andes; Cemex, Holcim y Lafargé, SIDOR, entre otras, sin olvidar la incautación de los equipos de RCTV, la expropiación de inmuebles residenciales y predios urbanos.

La pregunta obligada es que ha ganado el país con este empoderamiento del Estado. La expropiación es sinónimo de desempleo, frena la producción, la inversión, y el desarrollo; es el camino directo al abismo. La industria manufacturera resiste con crecimiento de un exiguo dígito, frente al floreciente negocio de las importaciones - otra vía para socavar al empresario local- que desangra con más inflación, más pobreza y más incertidumbre. La cogestión ha resultado un fracaso porque este modelo no aparece en los tratados marxistas. El Ejecutivo Nacional ha incurrido en un enorme gasto para la Nación, calculado en más de siete mil millones de dólares, que bien pudieron ser dirigidos a reducir el dramático déficit habitacional y a velar por la seguridad de los venezolanos.

La CANTV, empresa que fue ejemplo gerencial, registró en 2007 una reducción de 52% de sus utilidades, mientras que la nueva Electricidad de Caracas, sigue de apagón en apagón, generando pérdidas millonarias e inquietud en la población. No se puede imponer un nuevo modelo productivo a partir de la eliminación de empresas rentables y de la destrucción del país.

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