La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, sostuvo este miércoles que las solicitudes de amparo, interpretación y nulidad que han sido presentadas ante el máximo tribunal del país por el caso de las inhabilitaciones se encuentran bajo la figura de revisión, y las mismas serán debatidas por los magistrados para finalmente presentar la decisión final.

Morales ratificó que hasta tanto no se presenten las sentencias, el TSJ no podrá pronunciarse sobre las inhabilitaciones presentadas por la Contraloría General de la República.

Morales acotó que los medios de comunicación han incurrido en el error de publicar e informar sobre una decisión que no ha sido emitida, ni discutida, por el tribunal, por lo cual instó a las empresas de información a no caer en la tentación de publicar decisiones que no existen.

En rueda de prensa ofrecida desde la sede del TSJ, la magistrada Morales acotó que los medios de comunicación han incurrido en el error de publicar e informar sobre una decisión que no ha sido emitida, ni discutida, por el tribunal.

La magistrada aclaró que las informaciones reseñadas por algunos medios de comunicación obedecen a una ponencia que presentara el magistrado Pedro Rondón, que aun no ha sido debatida por la Sala Constitucional, por lo cual no existe sentencia firme.

Morales manifestó que el TSJ se encuentra trabajando para emitir prontas sentencias, pero acotó que todos los recursos introducidos en el máximo órgano del poder judicial deben ser objetos de un meticuloso estudio jurídico y adelantó que en los próximos días el TSJ se pronunciará en referencia a seis de los recursos interpuestos por los inhabilitados.

Ante las acusaciones hechas por los inhabilitados que señalan al órgano judicial como “partidario del gobierno”, la magistrada enfatizó que estos señalamientos son irrelevantes y sentenció que éstas obedecen a expresiones políticas y no jurídicas.

En este sentido, agregó que el órgano que dirige no define sus sentencias con el fin de congraciarse con ninguna de estas posturas y afirmó que el TSJ tiene como fin la aplicación de la justicia en cada decisión que se emite.

En total, 272 funcionarios y ex funcionarios públicos fueron inhabilitados por la Contraloría General de la República, por casos de corrupción administrativa en el ejercicio de funciones públicas, lo que les impide participar en los comicios regionales y municipales del próximo 23 de noviembre.