Súmate califica como falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral que después de concluir el primer semestre del año 2008 se desconozca el contenido de su Memoria y Cuenta de la gestión 2007. Ante la información no oficial de que el organismo electoral entregó el pasado 19 de junio el informe de su gestión en forma secreta ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, esta organización ciudadana hizo sendas peticiones públicas en ambos poderes del Estado el pasado 27 del mismo mes, sin obtener respuesta hasta la fecha.

Súmate deplora que los ciudadanos no puedan tener acceso a un documento público como es la Memoria y Cuenta de un Poder del Estado, cuando los artículos 51, 66 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen a todos los funcionarios públicos la obligatoriedad de entregar de forma oportuna y adecuada cuentas de su gestión y desempeño.

AN y Contraloría General tienen el deber de revisar cuentas del CNE
Súmate espera, en caso de que el CNE haya entregado la Memoria y Cuenta 2007, que tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría General de la República cumplan con su obligación de revisar y auditar la Memoria y Cuenta, ya que el organismo electoral dispuso de cuantiosos recursos financieros.

Según explica Súmate, entre las cuentas pendientes del CNE en el 2007 están los costos que implicó para la nación el proceso de recepción de manifestaciones de voluntad para activar los revocatorios de gobernadores y alcaldes, y los 10 referendos revocatorios regionales, a pesar de que no condujeron a elecciones; y el referendo consultivo de la Reforma de la Constitución de la República, entre otros eventos.

Rectores deben ser sancionados por omisión y retardo en la entrega de cuentas
Para esta organización ciudadana, los rectores del organismo electoral no están exentos de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico de la República, porque estaban obligados a rendir cuentas públicas antes del 29 de febrero del año en curso y hasta la fecha no se informado oficialmente acerca del informe, como tampoco se ha podido tener acceso a este documento.

Entre las sanciones por no presentar a tiempo la Memoria y Cuenta están las multas que pueden llegar a las 500 unidades tributarias, que equivalen a unos 23 mil bolívares fuertes o 23 millones de bolívares anteriores, tal como lo establece el artículo 33, en los numerales 8 y 10, de la Ley Contra la Corrupción. También por esta conducta omisiva o negligente en el manejo de recursos públicos, los rectores del CNE pudieran estar obligados a reparar los daños posiblemente generados al organismo electoral, de acuerdo a los artículos 58 y 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR); y ser suspendidos mientras dure el procedimiento de determinación de responsabilidades, tal como lo establece el artículo 80 de la misma ley.