El diputado Alis Carreño solicitará la intervención de Pdvsa y de la Asamblea Nacional, alarmado por la mortandad de peces,  ganado y otros animales.

El diputado del Parlamento Regional de Anzoátegui, Alís Carreño, quien preside la Comisión Permanente para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se dirigió a la comunidad de Tascabaña, en el Municipio Freites, a fin de constatar la problemática en materia ambiental por la cual atraviesa este caserío aborigen.

La presencia de gas natural en la cabecera del Río Tascabaña, ha preocupado al legislador anzoatiguense por lo que dirigirá un informe a su homólogo en la Asamblea Nacional José Pollo con la firme intención de solicitar la intervención de la principal industria de energía y petróleos del país Pdvsa, a fin de que implemente las estrategias y acciones pertinentes en el caso, para  solventar la situación actual de los habitantes de este sector rural.

Destacó Carreño, que Tascabaña no cuenta con afluentes de agua que puedan surtir a los pobladores, por lo que la presencia de gas en el río es un problema muy serio que afecta no sólo el desarrollo económico específicamente agropecuario del sector sino lo que es aún más importante como la salud de estos hermanos indígenas que habitan en la comunidad aborigen anzoatiguense.

Resaltó el diputado de la Cámara Estadal que la perforación de pozos de agua para el consumo humano ya no es una opción en este pueblo indígena, debido a que aproximadamente tres pozos se han gasificado, por lo que apela a la intervención inmediata de Petróleos de Venezuela. En este mismo orden de ideas señaló Carreño, que producto de la presencia del gas en la cabecera del Río Tascabaña, los pobladores denunciaron ante esta comisión la muerte de ganado cerca de los márgenes de este torrente fluvial.

Paralelamente a esta situación, el legislador se dirigió hasta las extensiones de terreno de los cuales los Kariña que residen en este asentamiento poblacional extraen granza para su sustento económico; actividad que en los últimos días se ha visto frustrada ante el cercado ilegal que un tercero que no pertenece a esta comunidad ha interpuesto dificultando su actividad.

Ante esto el parlamentario coordino con el gobernador de comunidad indígena una serie de reuniones con los afectados y el presunto propietario de los terrenos, acotando que de no obtener una respuesta que beneficie a las partes presentará la denuncia formal ante el parlamento ya que según lo expresado por Carreño, los comunidades demarcadas como territorio indígena legalmente pertenecen a éstos, y por tanto no podrían ser de personas ajenas a la comunidad y a la idiosincrasia aborigen.