Con el fin de establecer la igualdad social y resguardar los derechos a los anzoatiguenses más desposeídos, y dando cumplimiento a uno de los principios socialistas de la revolución bolivariana que contempla la inclusión como norma “sine qua non”  para garantizar la mayor felicidad posible al soberano, el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui promulgó en el 2006 la Ley para la Protección e Inserción Social de las Personas en Situación de Desamparo.

En tal sentido, el legislador Julio Millán, presidente de la Comisión de Política Interior, Derechos Humanos y Equilibrio Territorial, manifestó que esta normativa tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección e inserción social aplicable a los menos afortunados para fomentar su desarrollo mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones básicas de atención integral, reinserción laboral y social.

Agregó el parlamentario anzoatiguense que para los efectos de esta Ley, se considera  en situación de desamparo a toda persona: niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en estado de pobreza extrema, en situación de calle, condición vulnerable o abandono, sin hogar ni proyectos de vida o en franco riesgo de llegar a tales circunstancias.

Millán enfatizó que “las personas en situación de desamparo gozan de todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la Constitución del Estado Anzoátegui y las leyes vigentes, sin excepción, distinción o discriminación alguna, ya que merecen la solidaridad y apoyo igual que cualquier otro ciudadano”.

En este orden, el diputado indicó que la noble Misión Negra Hipólita es un esfuerzo convergente de la revolución bolivariana orientada a combatir estas exclusiones mediante la constitución de los Comités de Protección Social articulados con las Casas de Alimentación y reivindicar la dignidad de estos ciudadanos, actividad que ha dado muy buenos resultados no solamente en Anzoátegui sino en todo el país, de Acuerdo con los reportes que se hacen periódicamente a través del Minpades.

Explicó Millán que la normativa establece derechos fundamentales como el derecho a la vida bajo protección  y asistencia de la familia, de la sociedad y del Estado. En caso de no ser posible su atención en el seno familiar, debe vivir en un lugar sustituto, donde goce de las prestaciones integrales de salud y otros beneficios sociales de igual calidad, eficiencia y oportunidades que rigen para los demás habitantes de la República.

Asimismo, Millán manifestó que a través de esta ley se les garantiza a los ciudadanos más desposeídos la atención o rehabilitación en centros especializados públicos o privados, para recibir atención adecuada, con miras a lograr su formación integral y social.

“De esta manera, pretendemos capacitarlos para que puedan desempeñar una profesión u ocupación que les permita incorporarse al sistema productivo del país, evitando que recaigan en el ocio y consumo de sustancias ilícitas, porque la atención y rehabilitación de la persona en situación de desamparo constituye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto, además de ser componente esencial de las obligaciones del Estado en el campo de la salud pública y de la asistencia social, afirmó el legislador.

Millán concluyó diciendo que hay que sensibilizar a la sociedad sobre el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas en situación de desamparo, estimulando su participación activa en este proceso de revisión, rectificación y reimpulso de la revolución bolivariana para construir una patria socialista donde puedan sentirse guarecidos y protegidos.