Apuntes inmobiliarios

En febrero del año 2003 el gobierno impuso subrepticiamente  un control de cambio obligado dejando varados a los venezolanos que se encontraban en el exterior y generando cuantiosas pérdidas al comercio y a los sectores productivos. Se trató de una medida eminentemente política adoptada bajo la argumentación de evitar la fuga de divisas, detener la inflación, y la devaluación de nuestro signo monetario, que en la práctica ha llevado al Estado a mantener bajo control a la economía, y a una sociedad cada vez más hostigada e intervenida, precipitando el caos en los sectores productivos, transacciones financieras, y en la población, como receptora de los coletazos de dicha disposición.

El control de cambio se aplica en muchos países como medida extrema para corregir desequilibrios en la economía por lapsos limitados. Venezuela tiene historia en controles de cambio. De hecho se han implementado cuatro: el primero entre los años 1960-1964, durante el gobierno de Rómulo Betancourt; el segundo se registró en el período 1983-1989, bajo el esquema de cambios diferenciales de Recadi;  el tercero en el lapso 1994-1996, cuando estalló la crisis de la banca, en la administración Caldera, y el actual. Salvo en el primero, que logró el cometido de solventar la caída de las reservas internacionales y los saldos negativos de la balanza de pagos, los controles han sido perversos para la economía y la sociedad, maximizando las crisis en vez de superarla, provocando ajustes y devaluaciones, además de ejercer un encanto para las corruptelas.

El presente proceso se inscribe en el modelo usurpador radicalizado por el Estado, que actúa contra lo privado, en la misma forma como invade, expropia, confisca propiedades, entre inmuebles, terrenos, empresas, contra el derecho de los ciudadanos a proteger o a movilizar su patrimonio. La prohibición de ahorrar en otras monedas, por ejemplo, contemplada en la Ley de Ilícitos Cambiarios, constituye una flagrante intromisión a la libertad que la familia tiene para protegerse de la inflación y velar por la seguridad de sus miembros en casos de  contingencias, y esa aspiración no puede ser considerada un delito.

Y es que el gobierno insiste en la Ley del Embudo, porque mientras acorrala a la sociedad se reserva para sí las prerrogativas para actuar discrecionalmente sobre el patrimonio de la Nación, en forma especial sobre el producto petrolero. El mayor consumidor de divisas es el Estado. Las importaciones pasaron de US$ 32.498 millones en el 2006 a US$ 45.463 millones en el 2007, lo que refleja un alza del 39,9% con respecto al 2006, y superan a las realizadas en los años 2004 y 2005 juntos. Este crecimiento produjo un saldo negativo en la balanza de pagos e incrementó el déficit en la cuenta capital.

Las importaciones de alimentos batieron una cifra récord en el 2007 con  5.850 millones de dólares, para comprar 2.004.285 toneladas productos de la dieta básica, según el propio Ministerio de Alimentación. Es el empeño por la destrucción del aparato productivo nacional el que priva a la hora de subsidiar a la mano de obra y al capital extranjero, desestimulando al productor nacional, generando el desempleo, la carestía y el desabastecimiento. Ahora, al cierre del primer trimestre de 2008, las divisas asignadas para la importación de alimentos superan los 875 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 50% a la cifra alcanzada en el mismo período de 2007. De manera no es cierto que se asignen más dólares por concepto de viajes que por alimentos. En el 2007 fueron utilizados 5.066 millones de dólares por viajes y turismo.

Es la importación de alimentos la que encabeza la lista de las compras en el exterior, desplazando al sector automotriz, que aumentó sus importaciones en 1.330% entre 2004 y 2007. Una verdadera fiesta en el 2007: se comercializaron 491.899 automóviles, de ellos 356.393 importados, mientras que la vivienda, la inversión más segura, registró sólo transacciones por poco más de 60 mil unidades, de las 82.589 terminadas, el 67% construidas por el sector privado.

Pero hay más en la danza de los petrodólares. Venezuela fue el principal importador de armas en América Latina en 2007 y el noveno mundial, con 887 millones de dólares, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Además, hay que sumar las generosas ayudas a otros países, en préstamos, helicópteros, refinerías, clínicas de salud, viviendas, carreteras,  becarios, compra de bonos de la deuda externa, que sólo entre los años 2005-2007, significaron un gasto de más de 38 mil millones de dólares.

Por sus efectos distorsionantes el control del Estado sobre las divisas ha sido devastador para la economía y la sociedad. Los controles jamás generarán resultados positivos si no se corrigen las fallas que motivaron su aplicación. Nada de eso ha ocurrido. Por el contrario se impuso un cóctel letal: control de precios, control de cambio, control dual encubierto con la trampa de los bonos; ocupaciones de empresas rentables, nuevas cargas tributarias, y amenazas sobre la propiedad individual, mientras que el gobierno afianza el gasto corriente con una indisciplina fiscal, carente de controles y transparencia sin precedentes.

Como corolario hoy tenemos una de las inflaciones más altas del planeta -22.5% al finalizar 2007, pero que ya bordea el 25%- índices comparables sólo con los países más atrasados, que ha empujado artificialmente los precios de bienes y servicios, el desabastecimiento, y el incremento de los niveles de pobreza. ¿De que ha servido un crecimiento económico incapaz de agregar valor y riqueza, sustentado sólo por el auge de bienes no transables y en el delirio importador que discrimina a los venezolanos?
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