Con miras a poner en práctica las reformas que el país necesita para continuar avanzando con la revolución bolivariana y hacer justicia social con los anzoatiguenses de la tercera edad que durante años han sido ignorados por los gobiernos de turno, el Consejo Legislativo Estadal de Anzoátegui aprobó en primera discusión la Ley de Pensiones para el Adulto Mayor en Situación de Pobreza Extrema.

El diputado Pedro Contreras, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Legislación, Servicio y Contraloría Social informó que este proyecto legal garantizará a las personas mayores de sesenta años de edad residentes en esta entidad, que carecen de jubilación o cualquier otro ingreso amparado por regímenes de previsión social y que, por esa razón, pasan apuros para su subsistencia, la obtención de una pensión económica vitalicia digna y en condiciones decorosas para su recepción.

Explicó el legislador que esta normativa está dentro del marco de las garantías de sus derechos constitucionales, a través de la protección  del Estado, en el logro al respeto de la dignidad humana del adulto mayor.

El parlamentario Contreras manifestó que al llegar a la tercera edad, una gran parte de los ciudadanos anzoatiguenses corren mas riesgos de encontrarse en condición de desprotección, marginalidad y precariedad absoluta como consecuencia de la injusta distribución del ingreso, discriminación y la merma de sus facultades que limitan su campo de trabajo, por lo cual surge la necesidad de dictar normas destinadas a su protección, en especial, en el aspecto económico, por medio de prestaciones  alimentarías o dinerarias que garanticen su subsistencia.

En este sentido, el legislador Julio Millán, presidente de la Comisión de Política Interior, Derechos Humanos y Equilibrio Territorial, indicó que sólo se concederá una pensión para un mismo grupo familiar, sin embargo, en casos debidamente justificados, podrán ser otorgadas hasta dos pensiones, las cuales serán un beneficio de carácter personal, intransferible e incompatible con otros beneficios, prestaciones monetarias o alimentarías.

Millán añadió que el proyecto de ley se basa en principios de justicia social y tiene por objeto contrarrestar la ciega iniquidad de la naturaleza y del hombre en su actividad económica, que afectan directamente al adulto mayor que está en desamparo familiar o excluidos del núcleo familiar, en estado de desnutrición o en situación de dependencia permanente de otra persona para satisfacer sus necesidades básicas, por razones de avanzada edad o por presentar discapacidad.

Finalmente, el legislador Millán señaló que para ser favorecido por esta normativa, se deberá estar residenciado en el Estado Anzoátegui un mínimo de tres años, con anterioridad a la fecha en la cual se solicite el beneficio y estar en situación de extrema pobreza de acuerdo a la constatación que de esta condición realice el Ejecutivo del Estado Anzoátegui, a través de la Dirección con competencia en el área social.